Hace más de cuatro meses que se celebraron las elecciones nacionales en España. Unas elecciones cuyos resultados siguen mostrando la fractura existente en un Estado, en el cual cada año que pasa, los partidos tradicionales parece que poco a poco recuperan territorio, pero aún lejos de las mayorías absolutas que ostentaban antaño. El sistema parlamentario español tiene la ventaja de ofrecer a los distintos grupos parlamentarios la oportunidad de tomar partido, algo que debería ser beneficioso para la ciudadanía ya que convierte España en un Estado más democrático. Sin embargo, los comicios del 23 de julio trajeron más división. La aparición de nuevos partidos como Sumar, una “plataforma” compuesta por varias formaciones, provocó más división en los votantes de izquierdas, cuyo mantra histórico es el de autodestruirse. Por otro lado, la derecha, bajo la batuta del Partido Popular y los incondicionales de Vox, pronosticaban una mayoría amparada en un acuerdo del que nadie dudaba, viendo las buenas relaciones que tienen en los distintos gobiernos autonómicos. Finalmente, la derecha no sumó lo suficiente y quedó en manos de los partidos nacionalistas conservadores, unos votos que en tiempos pasados nadie dudaría de su aportación, pero actualmente el Partido Nacionalista Vasco se encuentra muy alejado de una alianza con PP+Vox, por ende, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de ser el candidato más votado, tuvo que presentarse a una investidura fallida al no conseguir los apoyos necesarios.
Pedro Sánchez, secretario del PSOE y presidente del gobierno en funciones, llevaba desde entonces trabajando los apoyos para formar gobierno y comenzar una nueva legislatura. Las cuentas no eran sencillas. El candidato socialista tiene muchos detractores fuera y dentro de su partido, sin embargo, nunca cae. La vieja guardia socialista no le quiere, la derecha menos todavía, pero Sánchez sabe jugar bien las cartas de la política y el sistema parlamentario. Nunca tuvo la explicita necesidad de ser el candidato más votado, le bastaba con recabar más apoyos que su adversario. ¿Los tiene? Si. La gran pregunta es, ¿que está dispuesto a dar a cambio?
El mayor escollo que ha tenido Pedro Sánchez para permanecer como presidente del gobierno era conseguir el apoyo de los partidos independentistas. Al comienzo de la semana pasada se produjo el acuerdo definitivo con ERC, en los que se incluyen términos como el traspaso de Rodalies a la Generalitat, condonar parte de la deuda de Cataluña, un reimpulso a la mesa de diálogo y lo más relevante, un acuerdo sobre la ley de amnistía. Por otro lado, Junts per Catalunya, bajo las directrices recibidas desde Bruselas por Carles Puigdemont, imponían un acuerdo más duro. Un acuerdo que en las últimas horas se consiguió cerrar. El eurodiputado reunió a su núcleo duro, mientras que el PSOE mandó a su secretario de Organización, Santos Cerdán, cuya misión era única y exclusivamente volver a Madrid con el pacto de investidura resuelto. En la noche del miércoles se avistó por primera vez la fumata blanca, pero fue el jueves cuando se han podido conocer los detalles del acuerdo, en el cual se remarcan una apuesta por resolver el conflicto histórico de Cataluña, la ley de Amnistía que englobara a los implicados en las causas por las consultas de 2014 y el referéndum de 2017, la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña, la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, todo ello bajo el control de un tercero que deberá velar por el cumplimiento de los distintos puntos del acuerdo, necesario para que Junts mantenga el apoyo durante la legislatura.
Su principal socio para el gobierno, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo hace dos semanas, con el Partido Socialista, con 230 medidas, en las que destacan temas como la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial a la ampliación de los permisos por nacimiento, pasando por la revolución verde y la derogación de la Ley Mordaza. La relación con la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y de economía social, ha sido cordial la mayor parte del tiempo, sin embargo, los últimos meses de legislatura surgieron diferencias, suscitadas evidentemente por la campaña electoral que se avecinaba. Los 31 asientos de Sumar, compuestos por representantes de distintas formaciones de la plataforma, Unidas Podemos entre ellos, apoyaran y entraran con total seguridad en algún puesto del próximo gobierno.
Los partidos vascos son más pragmáticos. Saben que no hay alternativa. La formación que lidera Íñigo Urkulluha manifestado en numerosas ocasiones que nunca apoyaría un gobierno con Vox, por lo tanto, sus votos para la investidura progresista eran seguros, a cambio eso sí, de recibir la voluntad de hacer algunas modificaciones en la Ley de Vivienda, ya que consideran que la ley vulnera las competencias vascas. Además de conseguir en el acuerdo, presentado por Andoni Ortuzar la mañana del viernes, la concesión del régimen económico de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años, el compromiso de qué se negociará el “reconocimiento nacional” del País Vasco, y una ampliación de Concierto Económico con más tributos. Mientras tanto, EH Bildu no ha hecho peticiones de gran calado. Sus buenos resultados en Euskadi podrían darle la oportunidad de reclamar más favores a Pedro Sánchez, pero abogan simplemente por seguir incluyendo en el debate político la plurinacionalidad del Estado y el reconocimiento nacional de Euskal Herria.
Por último, el BNG alcanzó un acuerdo para apoyar la investidura, en el cual se demanda condonar parte o totalidad de la deuda pública que tiene la comunidad autónoma de Galicia desde 2021 y entablar conversaciones sobre los peajes de algunas de las autopistas gallegas. También Coalición Canaria ha decidido in extremis apoyar la candidatura de Pedro Sánchez. Los canarios al principio no eran partidarios, pero en los últimos días ha habido un cambio de estrategia. Por todo ello, el PSOE se asegura el apoyo de todos los partidos salvo PP, Vox y UPN. Sumando así un total de 179 escaños.
Finalmente, se celebrará el acto de investidura los días 15 y 16 de noviembre. Una investidura que desembocará en una legislatura complicada. La ley de amnistía será una “piedra en el zapato” durante los siguientes años. Tanto la derecha política como el poder judicial nunca estarán en sintonía ni con esta ley ni con los socios del PSOE. Se espera una etapa convulsa con activismo en las calles en contra de un gobierno fundamentado en un contrato con mucha letra pequeña. Pedro Sánchez tendrá mayoría en el Congreso para llevar a cabo su programa, pero el Senado le pondrá continuamente trabas. La Legislatura XV será la más polarizada de la historia de la democracia española y el Tribunal Constitucional tendrá bastante trabajo por delante.
